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Martes 26 de Marzo 2019

Falta Pol铆tica Carcelaria en Uruguay

2011.07.26

Durazno, Uruguay | 25 de julio de 2011 – Una Comisi贸n Interamericana, realiz贸 una visita de trabajo a Uruguay del 4 al 8 de julio de 2011. La delegaci贸n estuvo integrada por el Comisionado Rodrigo Escobar Gil y personal de la Secretar铆a Ejecutiva. El objetivo de la visita fue verificar la situaci贸n general del sistema penitenciario uruguayo y emitir recomendaciones al Estado.

La delegaci贸n se reuni贸 con autoridades de los tres poderes del Estado y con un n煤mero importante de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al monitoreo de la situaci贸n de las personas privadas de libertad. Asimismo, la Relator铆a visit贸 el Centro Penitenciario de Punta de Rieles, el Complejo Carcelario Santiago V谩zquez (COMCAR), el Complejo Libertad, el Establecimiento Femenino de Cabildo y el Complejo de Detenci贸n y Reeducaci贸n Colonia Berro, en el que se visitaron los Hogares Sarand铆, Ituzang贸 y Ser.

La Relator铆a observ贸 serias deficiencias en el sistema carcelario uruguayo, incluyendo superpoblaci贸n y hacinamiento; condiciones edilicias y sanitarias inadecuadas e insalubres; uso generalizado de la prisi贸n preventiva; condiciones laborales y salariales inadecuadas para el personal de guardia y los efectivos policiales; alto consumo de drogas ilegales por parte de los internos y existencia de redes dedicadas al tr谩fico de drogas y extorsi贸n de internos en las cuales participar铆a personal penitenciario; ausencia generalizada de programas de estudio y de trabajo para los reclusos; e inexistencia de pol铆ticas p煤blicas integrales con respecto a la gesti贸n penitenciaria.

La superpoblaci贸n de los establecimientos de privaci贸n de libertad es uno de los problemas m谩s graves que enfrenta actualmente el sistema carcelario uruguayo. De acuerdo con datos oficiales, el nivel de hacinamiento es del 129%, y en algunos centros alcanzan el 200%. A este respecto, la Comisi贸n Interamericana reitera que el hacinamiento de personas privadas de libertad constituye en s铆 mismo una forma de trato, cruel, inhumano y degradante.

Por otra parte, algunos centros de reclusi贸n no cuentan con las condiciones m铆nimas para alojar a los internos. El Relator constat贸 que las condiciones edilicias, sanitarias y de higiene de los m贸dulos 1, 2 y 4 del COMCAR son absolutamente inadecuadas para el alojamiento de seres humanos, adem谩s de constituir un ambiente insalubre e inadecuado para los agentes de seguridad que ejercen sus funciones en esos espacios. La CIDH recomienda clausurarlos.

La Relator铆a observ贸 tambi茅n graves deficiencias estructurales en el Complejo Libertad, el Hogar Ser de Colonia Berro, cuyas estructuras fueron visiblemente concebidas para el encierro y no para la reeducaci贸n o reinserci贸n de los adolescentes, y el centro femenino de Cabildo, el cual es una edificaci贸n vetusta construida en 1898 y cuyas instalaciones ya no son aptas para el alojamiento de personas. El Relator constat贸 con especial preocupaci贸n las condiciones de alojamiento de las mujeres ubicadas en el s贸tano del centro de Cabildo. La CIDH acoge con satisfacci贸n el plan de las autoridades penitenciarias de trasladar este a帽o a las internas de de Cabildo al Centro Nacional de Rehabilitaci贸n (CNR).

Otro punto de gran preocupaci贸n de la Relator铆a es el uso generalizado de la prisi贸n preventiva y por periodos de tiempo que muchas veces exceden un plazo razonable. En este sentido, aunque las cifras recibidas por la delegaci贸n de diversas fuentes var铆an, s铆 se observ贸 que existe una pr谩ctica constante y sistem谩tica de hacer uso de la prisi贸n preventiva de forma autom谩tica. De acuerdo con datos oficiales, el 65% son personas procesadas sin condena, y en el interior del pa铆s, este porcentaje asciende a 71,8%. La CIDH recomienda al Estado uruguayo realizar las reformas legales necesarias para limitar la utilizaci贸n de la prisi贸n preventiva, especialmente en el caso de los delitos no violentos y menos graves, y recurrir con mayor frecuencia a medidas alternativas o sustitutivas que no impliquen la privaci贸n de libertad. Pero sobre todo, La CIDH insta al Estado a promover un cambio en la cultura y la pr谩ctica judicial establecidas, que produzca un verdadero cambio de paradigma en la concepci贸n de la procedencia y necesidad de la prisi贸n preventiva.

En otro orden, el Relator recibi贸 informaci贸n de las autoridades sobre la insuficiencia del personal de guardia, que el salario de los efectivos policiales es inadecuado a la naturaleza de sus funciones y al costo de la vida actual en Uruguay y que sus condiciones laborales constituyen un factor de riesgo para su salud y los exponen a importantes niveles de estr茅s. Adem谩s, la falta de una remuneraci贸n adecuada obliga a los agentes que laboran en las c谩rceles a desarrollar otras actividades en sus d铆as francos, y los puede exponer a recibir il铆citamente dinero de los propios reclusos o de terceras personas. La CIDH recomienda al Estado sustituir progresivamente al personal policial destinado al servicio en c谩rceles por un cuerpo penitenciario especializado de car谩cter civil, y prestar atenci贸n a las condiciones laborales de los agentes encargados de la gesti贸n penitenciaria.

Finalmente, la Relator铆a observ贸 que actualmente no existen en Uruguay pol铆ticas p煤blicas integrales con respecto a la gesti贸n penitenciaria. En consecuencia, corresponde al Estado, en funci贸n de lo dispuesto en la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, adoptar pol铆ticas p煤blicas que incluyan medidas de adopci贸n inmediata y programas de largo plazo. Esto tambi茅n incluye la necesidad de adecuar la legislaci贸n y el sistema procesal penal para que sea compatible con la libertad personal y las garant铆as judiciales establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Todo lo anterior debe ser asumido como una prioridad del Estado que no dependa de los gobiernos de turno ni de los avatares de la opini贸n p煤blica; sino que debe constituir un compromiso que vincule a todas las ramas del poder p煤blico, tanto el legislativo, como el ejecutivo y el judicial, como tambi茅n a la sociedad civil, en el prop贸sito de construir un sistema basado en la dignidad humana y que propenda por el mejoramiento de la sociedad y del Estado democr谩tico de derecho.

Fuente: CIDH, OEA – SalaStampaEu
Informaci贸n de dominio p煤blico

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